El endurecimiento de las sanciones a la emisión y el uso de facturas falsas aún preocupa a la iniciativa privada, pues advierte que las medidas que discute el Poder Legislativo causan inquietud al vincular esos delitos con la delincuencia organizada.

Entre 2014 y 2018 el monto de evasión fiscal por facturas se estimó en 2 billones de pesos, de acuerdo con Carlos Romero de Anda, procurador fiscal de la Federación. El actual gobierno busca disminuir esa cifra a través de una serie de modificaciones legales.

Reginaldo Esquer, presidente de la comisión fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), indicó que tanto el gobierno como el sector privado coinciden en eliminar el fenómeno de las empresas fantasma y la facturación por operaciones inexistentes, pues se lesiona al sector público en materia de recaudación de impuestos.

Un estudio de la Universidad de las Américas Puebla indica que las tasas de evasión de los impuestos al valor agregado (IVA) y sobre la renta (ISR) disminuyeron 19.43 y 25.6 por ciento, respectivamente, en 2015.

Sin embargo, Esquer subrayó que ambos sectores difieren en la estrategia, la cual es calificada por la iniciativa privada como excesiva, ya que la administración federal envió al Poder Legislativo una iniciativa que busca reformar los artículos 108, 109 y 113 del Código Fiscal de la Federación.

Explicó que el primero se refiere a la defraudación fiscal, mientras el 109 a la defraudación equiparada, en tanto que el último a la emisión o adquisición de comprobantes por operaciones falsas. Todos ellos se vincularían para estar al nivel de delincuencia organizada, por lo que también se reformaría la ley en esa materia.

Para la Coparmex los dos primeros artículos no deben ser considerados, mientras el 113 sí, pues con eso basta para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueda actuar.

Sin embargo, la preocupación del sector empresarial sobre la posible aprobación de la iniciativa continúa, no sólo porque se pretende criminalizar la defraudación fiscal junto con el delito de expedición, sino porque advierte que los capitales pueden irse del país al no sentirse seguros.

La iniciativa ha causado algunas confusiones, pues en un principio el monto límite para considerar crimen organizado la defraudación fiscal era de 2 millones 600 mil pesos, pero el Senado hizo una reserva y la cantidad subió a 7 millones 800 mil pesos.

Lo anterior, dijo Esquer, significa que quedan fuera las micro y pequeñas empresas, pero las medianas y grandes aún pueden ser consideradas, ya que para llegar a dicha cantidad, la factura deberá ser por un total de 30 millones de pesos.

Fuente: La Jornada