Hace 17 años, Alejandra y una treintena de mujeres de la localidad emprendieron la batalla para frenar las operaciones de la calera, ya que el problema está justo al lado de su casa. Nos internamos en la espesa selva y caminamos monte arriba. El calor sofoca y tras una caminata de 20 minutos el panorama es desolador: los árboles, la lianas, la hierba, todo el verde se acaba; también el suelo, la sombra, el murmullo de insectos; en el horizonte es clara la dimensión del desastre.

“El agujero está a 15 metros del acantilado de una de las paredes del Cañón del Sumidero, entonces es preocupante porque no solo son daños a la salud, también al medio ambiente y a las paredes del Cañón del Sumidero”, expresa Aldama.

“La fábrica abarcó todo haciendo una destrucción masiva de árboles, ha perjudicado toda la Ribera de Cahuaré y lugares circunvecinos, además causa daños con los desechos tóxicos. Si el gobierno, a un pobre campesino que tala para la construcción de una casita lo mete a la cárcel, ¿cómo es posible que por esta destrucción masiva no le hagan nada a esos señores?”, cuestiona Alberto García Díaz, de 64 años y quien en su infancia recorría esa selva que ahora no existe.

Cales y Morteros del Grijalva se dedica a la extracción de materiales pétreos, que procesa para obtener cal hidratada, grava y otros materiales para la construcción. De acuerdo con pobladores, durante 50 años la empresa fue propiedad de Domingo Munguira Revueltas, de origen español, perteneció al Grupo San Roke hasta que en junio de 2013 fue adquirida por el Grupo Industrial Monclova.

Pero la empresa no cuenta con permisos de operación correspondientes, tales como la Manifestación de Impacto Ambiental, la Cédula de Operación y el Cambio de Uso de Suelo que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); tampoco tiene licencia de Uso de Suelo del municipio ni autorización en materia de Impacto Ambiental por extracción y procesamiento de materiales pétreos ni de funcionamiento para fuentes fijas de emisiones a la atmósfera, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas.

La CNDH posee como evidencias el Oficio SMA/DNIA/0075/99 del 24 de mayo de 1999, con el que “la delegación de la Semarnat en Chiapas concedió la licencia de funcionamiento 0702700199 a la empresa”. En esa fecha, Pablo Muench Navarro era delegado de la Semarnat, en el gobierno de Ernesto Zedillo.

Fuente: Milenio