TVT / Redacción

En nuestra “Mesa de Análisis” de anoche, se contó con la participación de los parlamentarios de la LXIII Legislatura local: Karla María Rabelo Estrada; Jessyca Mayo Aparicio; María Esther Zapata Zapata; Luis Ernesto Ortiz Catalá y Manuel Antonio Gordillo Bonfil.

Los cinco diputados locales de los 21 que conforman la bancada (Morena) mayoritaria en el Congreso del Estado, tuvieron la oportunidad de revisar el tema “Consensos para un nuevo Tabasco”.

Eliminación de los beneficios a los funcionarios  y reducción al gasto público

Se redujeron  las prestaciones que históricamente habían tenido los diputados, eliminando el seguro de gastos médicos mayores, los vales de gasolina y el fondo de ahorro, en total superaban los 212 mil pesos mensuales por cada diputado, y se disminuyó en un 67%, trayendo como resultado que ahora únicamente se gana lo que la ley estipula.

Eliminación del fuero constitucional

Con esto, se acabó la inmunidad de los funcionarios, ahora ninguno podrá gozar de beneficios legales ni procedimientos especiales y serán investigados, procesados y sancionados por sus delitos de la misma forma que todos los ciudadanos.

Reducción del financiamiento a los partidos políticos

Se redujo a la mitad el recurso que se destinaba a los partidos políticos del estado para poder darlo a causas sociales y beneficios directos para las personas. Tabasco fue el primer estado en lograrlo.

Agilización en los procesos de la refinería

Se establecieron mecanismos que simplifican y agilizan los procesos para la contratación de obras y servicios cuando se trate de proyectos estratégicos que detonen el empleo e impulsen el desarrollo económico del estado, como la refinería en Dos Bocas, Paraíso.

Reforma Anti extorsión

Se incrementan las penas para el delito de extorsión, el cual era castigado con cuatro a trece años de prisión, por lo que ahora con la reforma, quienes cometan este delito podrán ser sancionados con diez hasta los 20 años de cárcel.

Además, se establece como delito, cuando se extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas, e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas; delito que será sancionado con prisión de 6 a 13 años.