• No están lo suficientemente informados sobre el tema, apunta Adán Augusto López Hernández

TVT / Redacción

El artículo 308 Bis del Código Penal del estado, refiere que aquel que extorsione e impida el paso parcial o total para la ejecución de obras públicas o privadas, será sancionado hasta con 20 años de cárcel.

Con la también denominada como “Ley Anti extorsión”, que en julio pasado aprobó el Congreso de Tabasco, se pretende reducir la corrupción y la criminalidad relativa a proyectos que ayudarían a aumentar la calidad de vida de los habitantes, a través de la inversión privada, sancionando la extorsión relativa al impedimento de ejecuciones de trabajos u obras.

De acuerdo con publicaciones periodísticas, tres relatores de Organización de Naciones Unidas, se dicen preocupados por el corto tiempo de debate y adopción de las reformas al Código Penal del estado de Tabasco, lo cual impidió llevar a cabo consultas previas con la sociedad civil, así como con expertos nacionales e internacionales, por lo que, a través de un documento enviado al presidente, Andrés Manuel López Obrador, expresaron: “La gravedad de las consecuencias de una restricción a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica”, al tiempo de pedirle (a López Obrador) señalar si tiene la voluntad de interponer una acción de inconstitucionalidad para echar abajo esta reforma.

Recordaron que el gobierno de Tabasco debe acatar el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que el Estado tiene el deber de adoptar leyes para hacer efectivos los derechos reconocidos, así como el artículo 19 que protege el derecho a la libertad de opinión y expresión.

Al respecto, y a pregunta expresa de uno de los reporteros que hoy cubrieron su gira de trabajo por Teapa, el gobernador Adán Augusto López Hernández, dijo que aunque respeta la opinión de los relatores de la ONU, no la comparte, porque ellos no están lo suficientemente informados sobre el tema.